Como todos sabemos, en la última década, la regulación europea en el ámbito del sector financiero se ha incrementado exponencialmente. En concreto en materia de seguros, la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo publicada el 25 de noviembre de 2009, y posteriormente desarrollada por el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión Europea, obligó desde el 31 de diciembre de 2016 a medir la solvencia de las entidades de seguros en base a los riesgos asumidos, haciendo públicos sus resultados, y siendo estos sometidos a procesos de auditoria

Debemos ser conscientes que este proceso de incremento de regulación no se produjo de la noche a la mañana, si no que fue fruto de varios acontecimientos que a día de hoy ya forman parte de nuestra cultura financiera básica.

Escoger los acontecimientos más significativos en el ámbito económico y financiero de las últimas décadas no es fácil y sobre todo, seguro que sería complicado ponerse de acuerdo, pero personalmente para las personas que trabajamos en el sector financiero, existen dos fechas de las cuales no somos en absoluto conscientes de ellas, pero que han marcado la vida laboral de los últimos 30 años, y que seguramente marcaran los siguientes 30 de las generaciones futuras.

Estas dos fechas son el 25 de marzo de 1957, fecha en la que se firma el tratado de Roma, y el 15 de septiembre de 2008, fecha en la que Lehman Brothers se declara en quiebra.

En el año 2020, obviamente tenemos más reciente y somos más conocedores de las consecuencias que tuvo la caída de Lehman Brothers que la firma del Tratado de Roma, pero, y he aquí el objetivo de este artículo, Solvencia II existe porque el 25 de Marzo de 1957, se constituye la Comunidad Económica Europea.

En la década de los años 50, después de medio siglo de guerras en el viejo continente, Europa era una zona devastada. La industria habían desaparecido, el desempleo estaba extendido por todo el territorio y la demanda de productos era inexistente. Había una economía de subsistencia. El resultado de aquella guerra fue el inicio de la perdida de hegemonía en la economía mundial europea, en frente de sus dos aliados no europeos, Estados Unidos y Japón.

Como respuesta a esta situación económica y como contraposición al auge económico de los Estados Unidos, el 25 de marzo de 1957, 6 países europeos deciden firmar el Tratado de Roma constituyendo la Comunidad Económica Europea, con el objetivo y esperanza de que el incremento de interdependencia económica entre países del territorio europeo minimizará los conflictos bélicos y por tanto asegurará la estabilidad y el crecimiento de los territorios.

63 años después y con un elenco de 28 países, lo cierto es que, excepto algunas tristes excepciones, los conflictos bélicos es algo que a los habitantes de Europa  nos suena muy alieno (y disculpas por decir esto,  no sé si el que nos suene muy alieno es una suerte o una desgracia), los sistemas de Seguridad Social Públicos de momento están funcionando, no sabemos hasta cuándo y en definitiva y sin entrar en mucho detalle y con permiso del Sr. Boris Johnson , aquellos expertos en economía del SXX, no tuvieron tan mala idea.

Pero llegaron los “maravilloso años 2000”, en aquel fantástico cambio de siglo, década gloriosa en las que todos tuvimos que aprender a marchas forzadas lo que significaban los acrónimos CDO, SPV, SPE o expresiones tan fantásticas como Bonos Sintéticos, años en los trabajar en el sector financiero te hacia parecer delante de tus amigos descendiente directo de Warren Buffett, sucedió algo que a todos nos dejó paralizados, el 15 de septiembre de 2008, uno de los bancos de inversión más grande de los Estados Unidos, se declaró el quiebra. Lehman Brothers desapareció e inicio el tsunami financiero mundial, marcando un punto de inflexión en el mundo financiero, ya altamente globalizado en aquel entonces.

Nos hacíamos cruces, no entendíamos lo que había pasado, pero lo que estaba claro es que la regulación existente no fue suficiente para controlar los movimientos y las transacciones de capital que se podían realizar en segundos.

Gracias a las nuevas tecnologías, riesgos asumidos por entidades en cualquier parte del mundo, eran “esparcidos como esporas” por todo el sistema financiero mundial.

No podremos saber nunca si como consecuencia de ello, o quiero pensar que viendo señales de alerta en la economía unos años antes, a finales del año 2008, la Comisión Europea encargó a un grupo de expertos financieros y economistas, que estudiará el marco regulatorio y supervisor que existía en ese momento en la Unión Europea y que derivado de ese estudio, dictará recomendaciones concretas para su mejora.

Esta revisión del marco regulatorio y supervisor, se publico el 25 de Febrero de 2009 y es el conocido Informe Laròsiere (The high-level Group on financial supervision in the EU, chaired by Jacques de Larosière , Brussels February 25th, 2009)

Como todos los informes, el Informe Laròsiere tiene defensores y detractores, pero innegablemente aporta varias ideas, que ahora nos parecen lógicas y básicas, pero que a principios del siglo XXI no eran muy comunes:

• Las entidades financieras necesitan más capital (no olvidemos que el informe es del año 2009) y de mejor calidad.
• La regulación no debe promover comportamientos procíclicos (cuando las circunstancias son buenas, los agentes financieros actúan con optimismo y se minusvaloran los riesgos, y al revés)
• Debe incrementarse la transparencia sobre los riesgos asumidos por las entidades financieras.
• La regulación y supervisión no solo deben afectar a las entidades bancarias, también debe afectar a otras instituciones financieras como entidades aseguradoras, fondos de inversión colectiva, etc.
• Debe mejorarse el Gobierno Corporativo de las empresas
• Debe mejorarse la coherencia en materia de regulación en los estados miembros de la Unión.

Como ya sabemos todos los que estamos leyendo este artículo, todo esto nos afectó de pleno, ya que si bien, la nueva normativa europea de Solvencia llevaba años gestándose, el 17 de diciembre de 2009 se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo o Directiva de Solvencia II,  desarrollada posteriormente por el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión.

De forma paralela a la publicación del Reglamento 2015/35, EIOPA puso en marcha un proceso de evaluación de Solvencia II, que se iniciaría en el mismo momento de la entrada en vigor de la norma, y que en el fondo perseguía no cometer los mismos errores del pasado, asumiendo la obligación lógica de un regulador de realizar revisiones  y actualizaciones de la normas a lo largo del tiempo.

En el caso de Solvencia II, estas revisiones estarían basadas tanto en los datos reportados por parte de las entidades aseguradoras a partir del primer informe público de 31 de diciembre de 2016, como en la evaluación en general de las circunstancias económicas.

Este proyecto de revisión, el cual fue estructurado en dos “Sets of Advice” o conjuntos de consejos, perseguía 3 objetivos básicos que son:

• La simplificación y proporcionalidad de los requerimientos cuantísimos de calculo del Capital de Solvencia Requerido (SCR)
• Eliminación de inconsistencias técnicas (ej. Recalibración de determinados riesgos)
• Eliminación de restricciones injustificadas a la financian de las entidades.

El primer resultado de esta consulta técnica por parte de la Comisión Europea ha sido la publicación el pasado 18 de junio 2019 en el Diario Oficial de la Unión Europea del Reglamento Delegado (UE) 2019/981 del 8 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

Modificaciones del Reglamento Delegado (UE) 2019/981 del 8 de marzo de 2019

Las modificaciones en los cálculos e información a desglosar sobre los niveles de Solvencia de las entidades detallados en el nuevo Reglamento, entraron en vigor 20 días después de su publicación, excepto aquellos que hacían referencia a la documentación de métodos,  hipótesis e información a desglosar sobre la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos (Art. 50, Art. 59, Art. 60, Art. 61 del Reglamento 2015/35) y determinadas modificaciones en parámetros de la formula standard (desviaciones típicas en los cálculos del submódulo de riesgo de prima y del submódulo del riesgo de reserva para los ramos de crédito y caución, defensa jurídica y asistencia  -anexo II del Reglamento 2015/35-  y desviaciones típicas en  Modulo del riesgo de salud no similar a vida en el seguro de enfermedad -anexo XIV del Reglamento 2015/35-). Mas adelante, hablaremos en detalle las modificaciones sobre la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos ya que, si bien las modificaciones referidas a estos no entran en vigor hasta el 1 de enero del 2020, para ser coherentes con la legislación contable y fiscal actual, deberán de alguna forma ser contempladas a cierre del ejercicio 2019.

Las modificaciones más significativas del Reglamento delegado (UE) 2019/981 de la Comisión por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/35, agrupadas por riesgos afectados o por determinados aspectos relevantes son las siguientes:

Riesgo de mercado

Con el objetivo de contribuir por parte del sector asegurador a la dinamización de la economía europea y, sobre todo, con el objetivo de favorecer la inversión en pequeñas y medianas empresas a través de bonos, préstamos o capital de inversión, así como de inversiones a largo plazo en acciones, se modifican determinados aspectos de los siguientes submódulos:

• Submódulo de riesgo de acciones: se mejora el tratamiento de la renta variable no cotizada
• Submódulo de riesgo de diferencial: se mejora el tratamiento de bonos y préstamos sin rating limitando su aplicación a ciertas condiciones.
• Submódulo de riesgo concentración de mercado: se mejora el tratamiento de bonos de administraciones locales y de compañías de seguros que alcancen un determinado de solvencia mínima.

Riesgo de No Vida

Las principales modificaciones en este módulo se deben a la recalibración de determinados parámetros derivados de la revisión de las cifras de solvencia de las entidades durante estos últimos 3 años, en concreto:

• Módulo de suscripción de no vida:
  • se modifican los parámetros de desviación típica del cálculo del submódulo de riesgo de prima y del submódulo del riesgo de reserva para los ramos de crédito y caución, defensa jurídica y asistencia.
  • se mejora el tratamiento del riesgo de suscripción, para las primas futuras las primas futuras, en concreto en el riesgo de caída (modificación también para el submódulo de riesgo de salud no similar a vida).
• Módulo del riesgo de salud no similar a vida:
  • se modifican los parámetros de desviación típica del submódulo de riesgo de prima y de reserva del seguro de enfermedad.
• Submódulo de riesgo de catástrofe provocada por el hombre:
  • los riesgos marítimos, de aviación y de incendios, podrán calcularse con exposiciones netas de los importes recuperables de reaseguro.
• Submódulo de riesgo de catástrofe natural:
  • en el caso de los riesgos por tormenta de viento, riesgo de terremoto y riesgo de incendio se podrán realizar los cálculos en agrupaciones de zonas de riesgos.

Enfoque de transparencia (art. 84 del Reglamento 2015/35)

Cuando las entidades no puedan aplicar el enfoque de transparencia a un organismo de inversión colectiva o a inversiones en forma de fondos, se permite utilizar un enfoque implicado basado en la última asignación de activos notificada por el organismo de inversión.

Adicionalmente se excluyen del límite del 20% que plantea el Art.84 para la utilización de datos agrupados, aquellos activos subyacentes o inversiones en forma de fondos que formen parte de las carteras de inversión en donde el riesgo de mercado es asumido por el tomador del seguro (Unit Link)

Utilización de parámetros específicos (Sección 12 del Reglamento 2015/35)

Se incorporan los contratos de reaseguro de exceso de siniestralidad (stop loss) en la utilización del factor de ajuste por el reaseguro no proporcional (el reglamento 2015/35 solo permitía la utilización de este factor de ajuste en el caso de los contratos de reaseguro de exceso de perdida excess loss).

Técnicas de reducción de riesgos (Sección 19 del Reglamento 215/35)

Se introducen modificaciones en las condiciones para poder utilizar determinadas prácticas de reducción del riesgo con el objeto de reflejar la evolución de las prácticas de gestión del riesgo en el ámbito asegurador tanto a través de productos estructurados como a través de contratos de reaseguro.

Entre otras, no se permitirá utilizar técnicas de reducción de riesgo a través de contratos de reaseguro durante un plazo superior a 6 meses con entidades que hayan dejado de cumplir los requerimientos de capital mínimo.

Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos

Como se ha puesto de manifiesto, la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos tiene un impacto significativo en el cálculo del ratio de solvencia de las entidades, por lo que:

• se incrementa la justificación y documentación de las hipótesis subyacentes utilizadas para la proyección de los beneficios imponibles futuros, entre ellas el plazo de proyección o las tasas de rentabilidad utilizadas, implicando en el establecimiento y documentación de estas hipótesis a las funciones claves de la entidad asi como en la selección y evaluación de los métodos e hipótesis para demostrar el importe y la recuperabilidad de la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos, notificando y por tanto involucrando a su vez en todo el proceso de selección de métodos e hipótesis al órgano de administración.

• se incrementa toda la información a desglosar sobre los impuestos diferidos, debiendo desglosar una descripción detallada de las hipótesis subyacentes utilizadas para la proyección de beneficios imponibles futuros probables, así como un análisis de la sensibilidad de los activos por impuestos diferidos netos a los cambios de hipótesis subyacentes.

Cabe destacar tal como hemos comentado al inicio del apartado de modificaciones introducidas por el Reglamento Delegado (UE) 2019/981 del 8 de marzo de 2019, que estas entraron en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 18 de junio de 2019, por lo que han sido de aplicación en los cálculos de cierre del ejercicio 2019.

Pero existen una serie de puntos del articulo 1, que, como se detalla en el artículo 2, no entran en vigor hasta el 1 de enero de 2020, siendo uno de ellos el tratamiento, documentación y desglose de los impuestos diferidos y su capacidad de absorción de perdidas, modificaciones estas que se detallan en los puntos, 50, 59, 60 y 61 del artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) 2019/981 del 8 de marzo de 2019

Querríamos destacar sobre este punto y relacionado en con la fecha de entrada en vigor,  el punto 50 del articulo 1 del Reglamento Delegado 2019/981, que modifica el articulo 207 del Reglamento Delegado 2015/35, y en concreto el punto b. del nuevo Art.207. Apartado 2 quarter.

En concreto la redacción de este nuevo apartado del Art. 207, Aptdo 2 quarter es la siguiente:

“A efectos de demostrar que es probable que vayan a existir beneficios imponible futuros, las hipótesis aplicadas por las empresa de seguros y reaseguros deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. no se asumirán nuevas ventas de negocios parte de las previstas a efectos de planificación de la actividad de la empresa de seguros o reaseguro
2. no se asumirán nuevas ventas de negocios más allá del horizonte temporal de la  planificación de la actividad de la empresa de seguros y mas allá de un máximo de cinco años”

Queremos destacar este punto porque, si bien el reglamento señala este articulo como de aplicación en 2020, por simple lógica, deberíamos evaluar ya en el cierre del ejercicio 2019, las implicaciones del horizonte temporal en los cálculos que marca en el nuevo reglamento.

Lo que implica que si prevemos que en el ejercicio 2020, el ratio de solvencia se pueda ver afectado significativamente por esta modificación (es decir solo por una modificación del horizonte temporal) deberíamos evaluar la posibilidad de hacer mención de ello ya en el Informe de la Situación Financiera y Solvencia del ejercicio 2019.

Por último, y por concluir, no debemos olvidar que el proceso de revisión y evaluación de Solvencia II sigue su curso. La directiva 2009/138 ya establecía que determinadas áreas debían haber sido revisadas por la Comisión Europea como muy tarde el 1 de enero de 2021.

Esto implica que, durante el año 2020, se espera una modificación de la directiva, que abordará diversos temas que se agrupan en las siguientes 3 categorías:

• Medidas sobre garantías a largo plazo (variación en los métodos para la extrapolación de las curvas libre de riesgo utilizando un punto inicial más lejano en el tiempo, variaciones en cálculo del ajuste de volatilidad que tengan en cuenta las características de iliquidez de los pasivos de seguros, etc.)
• Posible introducción de nuevas medidas de regulación macro prudenciales (dotar a los reguladores locales con la potestad de requerir un capital adicional para el riesgo sistémico o requerir planes de resolución de insolvencia preventivos, etc.)
• Revisión del marco general de Solvencia II en cuanto a la libre prestación de servicios, medidas de reporte y desgloses de información y en general, revisión de métodos, hipótesis, y parámetros utilizados en la formula estándar.

Cuando desde el Colegio de Actuarios nos invitaron a  compartir nuestra perspectiva respecto a los procesos de optimización digital en las entidades aseguradoras,  el primer impulso fue plantearlo desde un esquema tradicional de principio y fin. Pero  cuando utilizamos términos como transformación, proceso, optimización,  dibujamos un contexto codificable en términos de proyecto que no representa, en ningún caso, los retos reales que plantea la realidad que nos rodea.

El primer “ingrediente” para una “transformación digital” de éxito es, precisamente, no entenderlo como una transformación, como un punto de inflexión. Debe entenderse como un elemento que se ha constituido como estructural y que modifica por completo nuestra realidad y expectativas como individuos y consumidores. Es un verdadero disruptor de cualquier mercado, generando el cambio en el comportamiento del cliente.

En este contexto, el mayor reto del sector asegurador ha sido, es y sigue siendo, entender que no basta con reconocer la existencia de una nueva realidad y en la incorporación de los ingredientes formales de la misma (con la recurrente utilización y confusión de términos como agile, innovación, design thiking, co-creación…), sino en entender que nos situamos ante una decisión de una profundidad y alcance mucho mayor.  Es una decisión que apela a cuál es la visión del rol que el asegurador quiere tener en el día a día de sus clientes: puede limitarse al perfil de fabricación y expertise en la cobertura de riesgos tradicionales; o por el contrario, jugar un papel donde su mayor activo es la relación e interlocución con su cliente, proporcionando los productos y servicios más adecuados para cada momento y contexto.

Ambas decisiones pueden ser correctas, y financieramente atractivas en el corto plazo, siempre que vengan respaldadas del adecuado modelo de negocio y, especialmente, del correcto alineamiento entre cultura corporativa, modelo operativo y capital humano.

En nuestra compañía, entendemos que, en términos de sostenibilidad y retorno, la apuesta debe ser por un modelo relacional, donde los atributos de Allianz como partner de confianza en la previsión, protección e inversión constituyen, sin duda, una ventaja competitiva fundamental.

Dotarse de las capacidades adecuadas y el mindset corporativo idóneo son cimientos necesarios para profundizar en esa visión corporativa. El éxito de esta visión va ligado a nuestra capacidad de adaptación  al comportamiento, “lenguaje”  y expectativas del cliente en el actual entorno, marcado profundamente por la fuerte presencia de la tecnología en una “realidad” claramente digital.  Esa capacidad de adaptación se construye, fundamentalmente, a través de 3 ejes: Accesibilidad, Relevancia y Simplicidad.

La importancia de la Accesibilidad

Garantizar a nuestros clientes la correcta accesibilidad al conjunto de nuestros productos y servicios tiene tres elementos principales: motivar la consideración, asegurar la presencia y capilaridad, y una distribución híbrida.

Para motivar la consideración hay que trabajar la “identidad” y el posicionamiento de marca de una manera transversal,  entendiendo y utilizando correctamente las distintas herramientas, tanto tradicionales como digitales,  a lo largo de todo el funnel de consideración en el proceso de compra. Uno de los aspectos fundamentales y donde tradicionalmente hemos tenido más dificultades en el sector asegurador ha sido comprender y aprovechar las sinergias entre los diversos medios de inversión y la necesidad de establecer una rigurosa disciplina, desde una perspectiva analítica, para evaluar los resultados de captación. El uso de análisis econométricos para evaluar el rendimiento de los distintos canales de inversión publicitaria se ha demostrado como clave para maximizar el retorno global.

En cuanto al segundo elemento básico de la Accesibilidad, asegurar la presencia y capilaridad, es vital el desarrollo de una óptima estrategia, tanto en el terreno “físico” como en el mundo digital, que está de nuevo estrechamente ligado, por una parte, con un profundo conocimiento de nuestros cliente y su comportamiento en búsqueda; y por otro con la correcta utilización de técnicas analíticas que nos permiten varias cosas. En primer lugar, desarrollar modelos de capilaridad física en relación a nuestra red de distribución y segmentos de clientes. En segundo lugar, maximizar nuestros resultados en posicionamiento orgánico e inorgánico en plataformas digitales. Y finalmente, garantizar una trazabilidad global que permita sostener la coherencia y la atención dedicada entre los distintos canales.

En lo referente a la distribución híbrida, una gran mayoría de los asegurados, más de un 80%, inician su proceso de contratación a través de la comparativa de diversas plataformas digitales, tanto mediadores  y webs directas de compañía, como también agregadores. Esto supone que son compradores que cada vez disponen de una información más completa tanto de productos como de precios, y establecen más exigencias en términos de usabilidad y transparencia. Sin embargo, este segmento (los llamados RoPo) acaban finalizando el proceso de compra a través de “canales” o “medios” tradicionales.

Esta realidad no es exclusiva del sector asegurador. En los últimos años, una de las principales apuestas de sectores, incluso de sectores tan maduros en el terreno digital como el retail moda o, incluso, nativos digitales como Amazon; ha sido el inicio de acciones enfocadas a la “fusión” del mundo offline y el digital, entendiendo la necesidad de una propuesta única y coherente entre ambos.

De este modo, la estrategia de distribución necesita plantearse con una perspectiva única y transversal, y no diferenciada entre medios. Hay que equilibrar el uso de cada uno de ellos en función de la etapa del proceso de compra, el producto y el segmento del cliente

De este hecho se derivan algunos retos clave para afrontar con garantías la “adaptación” de las propuestas del sector asegurador. Son, por ejemplo,  la atención dedicada y en tiempo real, la experiencia sólida cross-canal, la adaptación de la interacción (pero no de la propuesta) a al diálogo y “usabilidad” de cada canal, y la capacitación del canal tradicional y promoción de los nuevos canales.

La relevancia de la Relevancia

El segundo eje clave para la consecución de nuestra visión en el entorno digital es la relevancia. Es decir, definir el plan de actuación adecuado para constituirse como un actor relevante para el consumidor en el segmento de necesidades donde esperamos ser considerados.

El esfuerzo que debe enfocarse en el cambio de foco, del producto al cliente; la excelencia en Data Analytics para la adecuación y el desarrollo de nuestra oferta.

En cuanto al cambio de foco de producto al cliente, implica reorientar el desarrollo de nuestras propuestas de cobertura y estándares de servicio estableciendo cuyo único requerimiento sea la perspectiva de cliente en términos de necesidad, expectativas y esfuerzo. Uno de los grandes retos internos que debemos afrontar en este cambio estructural es romper con la mirada de dentro hacia afuera que los procesos y dinámicas internas han instaurado como inercia

En lo que se refiere a la excelencia en Data Analytics para la adecuación y el desarrollo de nuestro oferta, es importante que ofrecer servicios y no solamente productos. Las posibilidades de crecimiento en la protección tradicional, en un entorno donde el concepto de propiedad se reduce y la concepción del riesgo se ha modificado, es extraordinariamente reducida. Las fuentes de crecimiento se situaran en el terreno de los servicios (complementando a los productos tradicionales o comercializados por sí solos) y, especialmente, en el terreno de la prevención proactiva.

También hay que desarrollar nuevos productos o propuestas de cobertura de riesgos. Las actuales técnicas de AI y Machine Learning nos permiten profundizar en modelos de subscripción diferentes (economías colaborativas), la cobertura de riesgos nicho no potenciados hasta el momento (diabéticos) y alternativas de modalidad de pago/duración (microseguros).

Asimismo, se debe mejorar en la selección de riesgos y en el pricing. El sector asegurador ha sido siempre intensivo en la utilización de información de cliente para realizar la mejor selección técnica de riesgos y la correcta adecuación del pricing, con un papel fundamental de la función actuarial. El crecimiento exponencial de la tipología y volumen de datos a disposición constituyen una venta de oportunidad para la mejora e, incluso, la disrupción en los modelos de valoración de riesgos.

Finalmente, el tercer eje fundamental de la Relevancia es la credibilidad y el storytelling. A menudo minusvalorado en nuestro sector, una función fundamental  a desarrollar con nuestros clientes es la generación de contenido y la comunicación relacional. Los objetivos fundamentales que debemos conseguir son, en primer lugar, el incremento de la frecuencia y la calidad de interacción con nuestros clientes, basado en un línea editorial  reconocible y relevante en los diferentes puntos de contacto. En segundo lugar, dotar a la compañía de la credibilidad necesaria en el desarrollo del ecosistema de productos y servicios donde quiera competir.

Una apuesta ineludible por la Simplicidad

El último eje que queremos destacar, y en el que estamos plenamente enfocados en nuestra compañía, es el desarrollar un modelo que incorpore todos los aspectos anteriores asegurando una filosofía de simplicidad.

Un modelo de simplicidad se debe basar, en primer lugar, en la reducción del esfuerzo del cliente. Las expectativas de nuestros clientes son moldeadas por su experiencia en la interacción con otros “jugadores”, aún siendo de otros sectores, pero que modifican los estándares de usabilidad y experiencia exigidos.

Para una compañía simple, las economías de escala y los partnerships tecnológicos son vitales. Industrializar la integración de activos de terceros (por ejemplo, a través de un sólido catálogo de APIs) o la reutilización de los propios en diversas plataformas, son elementos esenciales.

Por último, y no menos importante, es fundamental la consecución de la excelencia en operaciones, desde una filosofía de simplificación, armonización y transversalización de nuestros procesos back end y  de la aplicación de técnicas de automatización (RPA) y la Inteligencia Artificial.

La estrategia de inversión de las aseguradoras europeas ha cambiado notablemente en los últimos años. Entre las causas de dicho cambio cabe destacar principalmente las siguientes: el escenario de tipos de interés bajos, la regulación de Solvencia II y la creciente importancia de los factores no-financieros en la consideración de las inversiones.

Que los tipos de interés estén hoy cerca de sus mínimos históricos (incluso siendo negativos para algunos emisores y vencimientos) provoca que en algunos países las compañías estén afrontando dificultades a la hora de encontrar activos que cubran las garantías que han asumido con sus clientes, obligándolas a tomar más riesgo de inversión y a contemplar nuevas clases de activos para sus carteras.

Desde luego, no es una situación que haya ocurrido de repente. A raíz de la crisis financiera global de 2008, la política monetaria expansiva de los bancos centrales, al principio bajando los tipos de intervención y luego comprando directamente activos en el mercado, ha supuesto una progresiva subida de los precios de los bonos y por tanto una bajada de sus rentabilidades.

Como consecuencia de la crisis de deuda soberana de 2011, en los países del sur de la UE como España, Italia o Portugal, las rentabilidades de los bonos han sido más altas durante más tiempo y por tanto se ha retrasado la necesidad de mirar más allá de la renta fija.

En el Cuadro 1 se muestra la asignación de activos de las aseguradoras dependiendo de su país de origen. Se observa como en España o en Italia, donde los tipos de interés han sido más altos en los últimos años, el porcentaje de la cartera de inversiones invertido en renta fija es superior al de países como Alemania o Francia, donde hace ya tiempo que los tipos de interés son más bajos.

Fuente: BlackRock; oct-2019

Por otro lado, la introducción de Solvencia II en 2016, especialmente en lo que se refiere a su Pilar 1, ha supuesto un cambio estructural en la gestión de las inversiones de las aseguradoras. Exige dedicar elevados recursos al análisis de impacto de las diferentes decisiones de inversión, buscando el equilibrio óptimo entre la gestión de la cuenta de resultados y la del balance; es decir, una optimización entre la rentabilidad, el riesgo y el consumo de capital.

Naturalmente Solvencia II no solo ha afectado a la estrategia de inversión de las compañías sino al propio modelo de negocio: desde hace años se observa tanto movimientos de consolidación para ganar escala como un traspaso de los recursos de los clientes desde productos aseguradores tradicionales con garantía, donde el riesgo es asumido por la compañía, hacia productos unit linked, donde el riesgo es asumido por el cliente.

Finalmente, estamos observando el creciente interés para integrar los principios de sostenibilidad en las decisiones de inversión. Actualmente hablamos de interés pero de aquí a unos pocos años será una exigencia ineludible. Es muy destacable que el desarrollo de estos principios de sostenibilidad (ESG en sus siglas en inglés por Environmental, Social y Governance) sea más relevante en Europa que en el resto del mundo.

Así, estamos viendo 2 tendencias muy claras y muy generalizadas en la gestión de las inversiones de las aseguradoras en los últimos años, cuya relevancia creemos que solo puede intensificarse a futuro: el apetito por las inversiones consideradas como alternativas y la integración de los principios de sostenibilidad en el rol que tienen como gestores / inversores.

Alternativos

Cuando se habla de inversiones alternativas, se entienden como alternativas a las inversiones más tradicionales de renta fija y renta variable. Esta denominación de alternativos es una especie de cajón desastre que incluye activos heterogéneos pero que todos se caracterizan por ser menos líquidos y más complejos que las inversiones tradicionales y estar básicamente enfocados al inversor institucional. Algunos ejemplos de inversiones alternativas son el capital riesgo, la deuda privada, los hedge funds, las infraestructuras o los inmuebles.

Las aseguradoras tienen un horizonte de inversión a largo plazo y estructuralmente tienen un nivel amplio de liquidez. Eso las convierte en inversores ideales para capturar la prima de iliquidez con la que cotizan estos activos (el diferencial que deben pagar los activos de mercados privados respecto a los activos de mercados públicos precisamente por esa menor liquidez).

Los beneficios que aportan estos activos a las carteras de inversión, además de una mayor rentabilidad esperada que la que hoy tiene la deuda pública o la renta fija privada, son la diversificación y la descorrelación. Eso provoca que baje la volatilidad del rendimiento de la cuenta de resultados haciéndola más resistente.

Casi todas las encuestas recientes muestran que las aseguradoras están dispuestas a asumir más riesgo de inversión y que el apetito por este tipo de activos es alto y creciente. En el Cuadro 2 se muestra el porcentaje de aseguradoras de vida con una asignación superior al 10% en activos alternativos respecto a sus activos totales actualmente y cómo está previsto que se incremente en los próximos 3 años.

Fuente: BlackRock; oct-2019

Dentro de los alternativos, la preferencia de las aseguradoras está enfocada hoy sobre todo a la deuda privada y a la deuda de infraestructuras, que además tiene un tratamiento favorable de carga de capital bajo Solvencia II. Ello supone una extensión lógica y natural de su actividad. Se trata de activos que comparten muchas similitudes con la renta fija, que desde siempre ha sido el activo más utilizado por las aseguradoras para sus inversiones y por tanto que conocen perfectamente.

La industria aseguradora es y seguirá siendo unos de los principales inversores en deuda pública y renta fija privada en los próximos años pero debido a la reducción de los diferenciales de crédito esperamos que vaya efectuando una rotación progresiva hacia activos alternativos. Entendemos que no se trata de una decisión puramente táctica y oportunística sino una visión estratégica de largo plazo, donde la asignación de un porcentaje de la cartera de inversiones a este tipo de activos mejora la frontera eficiente de dicha cartera; es decir, para el mismo riesgo asumido, se obtiene una mayor rentabilidad esperada o, visto de otro modo, para la misma rentabilidad esperada, se reduce el riesgo asumido.

Una de las estrategias más utilizadas entre las aseguradoras de vida para cubrir sus compromisos a largo plazo es lo que se denomina una estrategia barbell: invertir a largo plazo en deuda pública (que es lo que proporciona la cobertura del riesgo de tipo de interés del activo respecto a su pasivo) e invertir a corto y medio plazo en renta fija privada (que es lo que proporciona la mejora adicional de la rentabilidad). Dado que los diferenciales de la renta fija privada se han ido reduciendo en los últimos años, las compañías están sustituyendo la inversión en renta fija privada por inversión en activos alternativos e ilíquidos como por ejemplo la deuda privada.

En definitiva, de cara a los próximos años es esperable una asignación creciente a activos no tradicionales y que el libro de inversión de las aseguradoras esté más diversificado de lo que está actualmente.

Sostenibilidad

La sostenibilidad es una necesidad a nivel global. Existe un nivel de concienciación creciente, acelerado por la crisis del cambio climático, sensibilizado en fomentar un crecimiento económico sostenible a largo plazo, que preserve la disponibilidad de recursos y el bienestar para las generaciones futuras.

A nivel internacional, en 2015 se alcanzaron los dos principales compromisos en materia de sostenibilidad, ambos promovidos por Naciones Unidas: (1) La cumbre del cambio climático de Paris (COP21) donde 193 Estados se comprometieron a reducir los niveles de emisiones contaminantes y (2) la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) donde se establecen objetivos concretos de sostenibilidad.

Para alcanzar estos objetivos, gobiernos de todo el mundo están introduciendo cambios regulatorios muy significativos. En el caso de Europa, a través de la Comisión Europea, se está liderando un movimiento de cambio a nivel internacional, con una especial atención al sector financiero, para el que se ha aprobado el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles. Este plan será de aplicación en 2021 y establecerá las bases para integrar la sostenibilidad en la gestión de inversiones a través de la inclusión de criterios ESG.

En el sector asegurador, y en especial en las aseguradoras de vida y las gestoras de fondos de pensiones, los conceptos de sostenibilidad son inherentes, principalmente por dos motivos: una vocación social fundacional (preservar el bienestar de las personas en el momento de la jubilación) y la realización de inversiones a muy largo plazo, donde la integración de los criterios ESG en la gestión de las inversiones permiten alinearse con un crecimiento económico sostenible a largo plazo.

Para el sector no son conceptos nuevos, si bien la inclusión de criterios de sostenibilidad está avanzando de forma acelerada y exige adaptarse continuamente. En particular, en los últimos años se ha evolucionado desde tratarlo como una inversión temática a integrarlo para el total de las inversiones, potenciando la propiedad activa mediante la participación en iniciativas de colaboración entre inversores para influir en las compañías donde se invierte. También está proliferando la temática de impacto mediante la inversión en bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles. Para dinamizar estos cambios, se están compartiendo las mejores prácticas sectoriales a través de organizaciones locales o internacionales como los PRI (Principios de Inversión Responsable) y UNEPFI (UN Environmental Program Finance Iniciative), ambas promovidas por Naciones Unidas.

La incorporación de criterios de sostenibilidad se está consolidando como una parte imprescindible para la gestión de inversiones. Sin embargo, no está exenta de retos, principalmente en el ámbito de la gobernanza y en los aspectos técnicos.

Conclusiones

Las aseguradoras afrontan numerosos retos de cara al futuro cercano: la incertidumbre macroeconómica y geo-política, los cambios en los hábitos de consumo por parte de los clientes, la digitalización, etc.

La gestión de sus inversiones no es un reto menor. Las rentabilidades esperadas de cara a los próximos años para todas las clases de activos son modestas y están por debajo de sus promedios históricos. En las conversaciones entre especialistas de la inversión no es infrecuente que aparezcan comentarios del tipo “todo está caro” o “tal mercado ya ha subido mucho”. Nos encontramos en una fase avanzada del ciclo económico y no hay nada que sea fácil de comprar.

Sin embargo, con la presión en márgenes que está sufriendo la industria y la persistencia de los bajos tipos de interés, la función de la gestión de las inversiones en las compañías aseguradoras cobra cada vez más importancia y existe más presión sobre los equipos para alcanzar la rentabilidad necesaria. Naturalmente, esto tiene implicaciones para la tipología de las inversiones, que tradicionalmente han sido conservadoras. Esta gestión de las inversiones se está transformando hacia una aproximación más activa, buscando oportunidades en clases de activos más allá de las tradicionales e intentando dar respuesta a un entorno que exige, además de rentabilidad, una gestión sostenible en el largo plazo.

La irrupción de la tecnología y sus consiguientes avances ha sido una constante en el desarrollo de la medicina desde mediados del siglo pasado, teniendo una especial expresión en la última década del XX y dos primeras décadas del XXI. Este aluvión de nuevas técnicas médicas nos conduce hacia el debate sobre su influencia en la variación del riesgo asumido en los seguros de salud:  hasta qué punto su implementación supone un ahorro en la frecuentación y coste de las prestaciones o si, por el contrario, ha aumentado el nivel de exigencia y coste de éstas.

Como buen debate que se precie, se pueden esgrimir argumentos en favor y en contra sobre el peso final que tienen las variables introducidas por estas tecnologías en el devenir del proceso y el coste final del mismo.

Es indudable que todas estas técnicas, especialmente aquellas encaminadas al diagnóstico clínico, cada vez son más sofisticadas, permitiendo diagnósticos cada vez más certeros, implicando una detección precoz de patología con mayores índices de curación y facilitando acciones quirúrgicas más sencillas y por consiguiente de menor coste.

A esta mayor simplicidad quirúrgica fundamentada en procesos menos avanzados por el diagnóstico precoz, se suma la aparición de intervenciones cada vez más sofisticadas y menos invasivas incluso para los casos más complicados, sírvanos como ejemplo la utilización de la cirugía robótica para diversas patologías, en especial todo lo referente a urología. Esto supone una recuperación más rápida del paciente con una menor estancia hospitalaria y con menor incidencia de complicaciones y secuelas de las intervenciones, al ser estas cada vez menos cruentas y lesivas. Teniendo en cuenta el ejemplo mencionado de la cirugía robótica, la utilización del Robot Da Vinci en intervenciones de próstata, supone una disminución importante de los casos de incontinencia urinaria e impotencia como efectos secundarios de la propia intervención. En conjunto implica una reducción significativa del coste medio del proceso.

Por otra parte, cada vez se cuenta con la posibilidad de empleo de fármacos más efectivos y con menos efectos secundarios que, a la vez que evitan actuaciones terapéuticas ciertamente traumáticas para el paciente, contribuyen en muchos casos a poder disminuir las estancias hospitalarias al poder ser administrados a domicilio o bien mediante centros de hospitalización ambulatoria u hospitalización de día sin pernocta.

Por el contrario, todos estos aspectos tan positivos que hemos visto hasta ahora tienen un reverso en el que paradójicamente, a pesar de implicar una mejora de diagnóstico y acciones terapéuticas y mejorar índices de mortalidad y edad media de fallecimiento, generan situaciones que incrementan el coste de mantenimiento de la salud.

Por una parte, el conjunto de avances tecnológicos aumenta la esperanza de vida disminuyendo la mortalidad, pero esto no presupone un mantenimiento de la calidad de vida. Esta, por el contrario, va disminuyendo a medida que envejecemos como consecuencia de la aparición de procesos crónicos fruto del natural deterioro del cuerpo y sus funciones. Vivimos más, pero no necesariamente mejor. Cada vez son necesarios más cuidados y cada vez durante más tiempo con el resultado de que aquello que en un principio suponía un descenso del coste medico da un giro perverso transformándose en un agente que incrementa el coste asistencial del enfermo crónico.

A todo esto, se le suma dos factores que cada vez con más frecuencia nos encontramos en la medicina actual. Por una parte, la gran batería de medios de diagnóstico de que disponemos y su facilidad de uso produce en algunos casos un sobrediagnóstico, entendiendo como tal un fenómeno por el cual personas son diagnosticadas de enfermedades que nunca les causarían síntomas, ni les acortarían la vida. Son aquellas personas que, en una exploración rutinaria o chequeo extraordinario, se les encuentra determinada patología que de otra forma ignoraríamos y no se expresaría causando enfermedad. Su conocimiento condiciona la conciencia del asegurado transformándolo psicológicamente en paciente y del propio médico que ante el descubrimiento se ve obligado de alguna forma a actuar, muchas veces influenciado por la propia presión del enfermo y del entorno familiar del mismo.

Esto nos aboca al segundo factor que es el sobretratamiento, consecuencia directa del sobrediagnóstico. Los facultativos se ven de alguna forma condicionados a realizar acciones terapéuticas con escasa evidencia de causar beneficios por la propia presión del enfermo o su familia.

Como tercer factor, en ocasiones se suma la aparición de técnicas más avanzadas cuyo empleo en detrimento de técnicas más convencionales, aumenta el coste final del acto. En ocasiones se estima demasiado pronto la obsolescencia de las técnicas, caen en desuso pudiendo, sin embargo, ser empleadas en muchas ocasiones con un coste bastante inferior y siempre de acuerdo con una praxis médica correcta.

Balance: en conjunto nos encontramos con una situación que, si bien permite un mayor bienestar en el campo de la salud y con técnicas que proporcionan mayor confort y mejores experiencias a los pacientes, sin embargo, aumentan la probabilidad de la aparición de enfermos crónicos muy demandantes de servicios y que representan un alto coste para el sistema.

Se produce una especie de equilibrio entre ambas situaciones que hace muy difícil llegar a la conclusión sobre si nos encontramos ante un descenso del gasto sanitario para el seguro de salud consecuencia del mejor manejo del paciente o si por el contrario estos avances asistenciales van a incrementar las exigencias económicas de las compañías, al tener que hacer frente a procesos crónicos de mayor duración y una exigencia más alta del asegurado al encontrar una oferta alta de opciones terapéuticas no siempre perfectamente dimensionadas a la naturaleza del proceso.

Ante esto se hace cada vez más necesario contar con recursos que cumplan el triple objetivo de mejorar la experiencia de los pacientes, mejorar recursos clínicos y a su vez reducir costes. Cuanto más equilátero sea el triángulo formado por estas tres premisas, más fácil será llegar al equilibrio con pacientes satisfechos, profesionales animados y compañías sintiendo que los recursos se asignan de la forma más adecuada.

Las Compañías deben de implementar cada vez más soluciones que abaraten el cuidado y seguimiento del asegurado sénior que se va a encontrar en situaciones de enfermedad crónica de larga evolución, población que cada vez ocupará segmentos mayores de su cartera.

En este sentido puede jugar un papel muy importante la telemedicina y el empleo de métodos de diagnóstico o seguimiento a distancia, que permitan al asegurado realizar controles desde su propio domicilio de forma que la propia comodidad del sistema anime a su uso y evite el tener que acudir a métodos convencionales más costosos tanto desde el punto de vista de frecuentación como de recursos humanos necesarios y evite la actual saturación que favorece el uso de las urgencias y en muchos casos el sobreingreso hospitalario.

El cambio climático es uno de los mayores retos sociales y ambientales a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI y es una de las grandes preocupaciones que los ejecutivos de seguros vienen destacando en las principales encuestas del sector de los últimos años.

Cambio Climático, siguiendo la definición del Intergovernmental Panel on Climate Change, se define como la variación en el estado del sistema climático, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos (décadas o más tiempo) hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Puede afectar tanto a los valores medios meteorológicos como a su variabilidad y extremos.

Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la tierra, han sido graduales o abruptos y se han debido a causas diversas, como las relacionadas con los cambios en los parámetros orbitales, variaciones en la radiación solar, la deriva continental, períodos de vulcanismo intenso, procesos bióticos o impactos de meteoritos. El cambio climático actual es antropogénico y se relaciona con la intensificación del efecto invernadero, en especial con el aumento de la radiación recibida por la tierra debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles.

Estas emisiones retienen la parte de la energía que devuelve la tierra a la atmósfera, impidiendo que salga al espacio exterior, lo que hace que la temperatura de la superficie terrestre se eleve provocando alteraciones en el sistema climático existente.

Se acaba de publicar que los niveles de gases que provocan este efecto (básicamente, metano (CH₄), dióxido de carbono (CO₂), óxido nitroso (N₂O) y ozono troposférico, (O₃) alcanzaron un nuevo récord en 2018, un año en el que, por ejemplo, los niveles de dióxido de carbono (CO₂) llegaron a 407,8 partes por millón (ppm), frente a las 405,5 ppm de 2017, según datos del boletín de gases de efecto invernadero (GEI) de la Organización Meterológica Mundial (OMM).

Este organismo advierte de que la tendencia ascendente continuará y no se prevé que el techo de emisiones se vaya a alcanzar en el corto plazo si se mantienen las actuales políticas, lo que implicará que las generaciones futuras se tengan que enfrentar a impactos cada vez más graves del cambio climático como el aumento de las temperaturas, los eventos extremos, el estrés hídrico, el aumento del nivel del mar y la pérdida de ecosistemas marinos y terrestres.

España, junto con el resto de las regiones del sur del continente, será una de las zonas que más sufriría las consecuencias, como ya nos está indicando nuestra subida de temperatura media que ha aumentado 1,5 grados centígrados en las últimas tres décadas, medio grado más que la media del planeta.

Nos encontramos ante un territorio como el español bastante complejo climáticamente, en el que la precipitación media anual varía de más de 2.600 mm a alrededor de 100 mm de una zona a otra. Asimismo, el rango de temperaturas, resultado de la diversa orografía del país, es igualmente variable tanto en valores medios como en valores extremos. Nuestra posición en la frontera entre la zona templada con circulación del oeste y la zona subtropical, entre el Océano Atlántico, un mar interior como el Mediterráneo y el norte de África, proporciona una enorme complejidad a esta variabilidad climática. Sólo en la Península Ibérica y Baleares hay 13 tipos de clima según la clasificación de Köppen (AEMET-IM, 2011). En comparación, otros países de nuestro entorno como el Reino Unido o Francia sólo tienen 2 o 3.

En este entorno el aumento de la temperatura está comenzando a ocasionar cambios profundos sobre el territorio español que se agudizarán en el futuro como son la desertización (al menos el 20% del territorio español es desértico y en este siglo podría aumentar al 75%), estrés hídrico (siete de las diez cuencas hidrográficas con mayor estrés hídrico de Europa se encuentran en España), heladas, vientos huracanados, lluvias torrenciales y tormentas con fuerte pedrisco entre otras contingencias meteorológicas que se suman a los incendios o fuertes períodos de sequía.

Al igual que a nivel mundial, en España, no todas las zonas sufren los mismos riesgos climáticos: la zona de levante está sometida a riesgo de lluvias torrenciales, inundación y pedrisco; la cornisa cantábrica a riesgo de temporales de viento; los temporales de nieve afectarían a la mitad norte y prácticamente la totalidad del territorio sufre riesgo de sequía. Los embates de mar, asociados a tempestades ciclónicas atípicas, ocurren fundamentalmente en la costa atlántica.

Las consecuencias de todos estos efectos son importantes pérdidas humanas y económicas. Las pérdidas económicas originadas por las catástrofes naturales son millonarias, juntándose dos efectos, por un lado el aumento de la frecuencia y la intensidad de los peligros, es decir, de los eventos concretos al cambio climático comentados anteriormente, y por otro lado el aumento de la exposición, derivada del crecimiento económico y de la mayor concentración de población y bienes en zonas vulnerables. Hasta la fecha, la inundación es el riesgo climático que más pérdidas económicas ha ocasionado en España. Le siguen las tormentas y los temporales marítimos.

Ante esta situación no es de extrañar que todos los sectores de la economía vivan sus consecuencias, el clima afecta al volumen de ventas, costos y gastos, creando volatilidad e incertidumbre en ingresos y resultados.

Por su naturaleza, el agrario y el ganadero son los sectores más afectados. 2018 fue el segundo año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario, por detrás de 2012, con más de 755 millones de euros de pérdidas y una superficie total siniestrada de 1,4 millones de hectáreas. Otros sectores que se ven afectados son la sanidad, la energía, el turismo o la construcción.

En las últimas décadas y a nivel mundial el sector de seguros se ha constatado un aumento de las pérdidas directas y de las aseguradas por causas meteorológicas (ciclones tropicales, depresiones extratropicales y tormentas locales), hidrológicas (inundación fluvial y costera, corrimientos de tierra), o climatológicas (temperaturas extremas, sequía, incendios forestales). Estos eventos afectaron directamente a este sector a través de siniestros en los ramos de Hogar, Comercio, Comunidades, Industrial, Pérdida de Beneficios, Autos, Mercancías, Agrario, Vida,... etc.

Durante el bienio 2017-2018 las pérdidas aseguradas fueron de 219.000 millones de dólares, y aunque fue el peor bienio de la industria aseguradora, esta cifra tan sólo representa el 30% de las pérdidas económicas originadas por este tipo de catástrofes lo que evidencia el importante desfase de cobertura aseguradora que existe en la economía mundial.

En este mismo período en España el impacto de las catástrofes fue de 432 millones de euros para el Consorcio, a lo que habría que sumar lo abonado por las compañías aseguradoras y reaseguradoras, estimándose un global de 650 millones de euros.

España dispone de un sistema de cobertura aseguradora de riesgos extraordinarios, establecido por ley, gestionado por el Consorcio Compensación de Seguros (CCS), que es una entidad pública estatal y para cuyo funcionamiento es indispensable la participación del sector asegurador privado. La característica esencial del sistema de riesgos extraordinarios es la obligatoriedad de proporcionar al asegurado una cobertura frente a unos riesgos que se consideran atípicos a través de su inclusión en las pólizas de daños en los bienes (con algunas excepciones), de vida y de accidentes personales, y que son contratadas por los tomadores con las compañías aseguradoras de su elección. Ello representa que una misma póliza ofrece una doble cobertura: la de los riesgos ordinarios, que corre a cargo de la compañía aseguradora y la de los riesgos extraordinarios, que asume el CCS. El tomador, por esta segunda cobertura, abona un recargo sobre las cantidades aseguradas, que es cobrado por la entidad aseguradora junto con sus primas. Así, el CCS actúa como asegurador directo en los casos de siniestros producidos por catástrofes naturales, entre ellas las de origen hidrometeorológico: inundación fluvial o costera, vientos superiores a 120 km/h o tornado. Al producirse alguno de estos fenómenos, el CCS indemniza a los asegurados por los daños producidos en las mismas condiciones de su póliza original, con una franquicia que se aplica a comercios, industrias y empresas, no a particulares.

Además de estas catástrofes hidrometeorológicas, el CCS cubre también riesgos geológicos (terremoto, maremoto, erupciones volcánicas), caída de meteoritos y otros originados por el hombre. El sistema es auto-sostenible y no requiere de ningún tipo de aportación de los presupuestos de ninguna administración pública.

Entre 2010 y 2018 ha abonado más de 2.600 millones de euros en compensaciones, el 99,39% de las cuales por desastres naturales, desglosado en 64,4% por inundación fluvial o costera, 15,6% por vientos fuertes y 19,39% por terremotos.

El sistema de cobertura de riesgos extraordinarios ha ido transformándose a lo largo de sus 75 años de existencia. Ha evolucionado en conjunción con el sector asegurador español y la propia sociedad y economía españolas, y ha estado funcionando en un entorno climático como el español, que es particularmente complejo y variado. Indudablemente, el cambio climático puede modificar la distribución de esta variedad climática, y es incluso posible que la reduzca, pero el sistema de riesgos extraordinarios está probado en estas condiciones variables y muy diferentes entre sí y ha dado una respuesta adecuada y eficaz en la estabilidad del sector asegurador español y hoy en día es tomado como referente en la cobertura de riesgos a nivel internacional.

Se estima que el 70% de las pérdidas aseguradas por catástrofes son absorbidas por el CCS, del restante 30% se hacen cargo las compañías aseguradoras. Éstas últimas responden por los riesgos climáticos ordinarios o no extraordinarios como por ejemplo: lluvia, nieve, incendios, vientos fuertes (inferiores a los 120 km/h), etc. Estos riesgos no generan un impacto económico tan elevado como los riesgos extraordinarios, pero es importante tenerlos en cuenta porque pueden ocasionar un crecimiento importante de siniestros en el sector asegurador. Según datos recientes, esta dinámica se viene presentando en los últimos años: dado el aumento en la frecuencia de estos eventos el seguro privado español ha visto aumentar su Ratio Combinado en 2 ó 3 puntos porcentuales en algunas líneas de negocio, así la siniestralidad de hogar ha ido pasando del 52,2% en 2016, 56,2% en 2017, 58,2% en 2018 y a cierre del tercer trimestre en 2019 es del 60,21% (según publicó ICEA) y todo ello debido en gran parte al impacto de eventos climáticos.

Para proteger su solvencia económica, las aseguradoras recurren al mercado de reaseguro bajo distintas modalidades, de forma que gran parte de esta siniestralidad pasa al reaseguro mediante coberturas proporcionales. Además de estas coberturas primarias con las que las compañías protegen sus carteras, contratan coberturas no proporcionales específicas para protegerse de eventos que afecten a dos o más pólizas, es decir, de cúmulos, y que protegen el negocio que retienen, con ellas estabilizan su cuenta de resultados cuando se ven afectados por este tipo de siniestros.

Internacionalmente este tipo de coberturas, sin la presencia de un organismo como el Consorcio, son básicas para la supervivencia de las compañías aseguradoras y reaseguradoras, diseñadas con unas estructuras bastante complejas y con enormes capacidades que en algunas ocasiones sobrepasan los 1.000 millones de euros. El mercado de este tipo de coberturas mueve al año miles de millones de euros en primas y billones de capacidad.

Aquí en España, este tipo de coberturas, se han ido actualizando en prioridades de retención y en capacidades, manteniendo unas estructuras sencillas, que cubren perfectamente las necesidades de las compañías.

Revisando la serie reciente, en el año 2010 la tormenta Klaus barrió literalmente a España dejando numerosos daños materiales. El siniestro, que es el mayor hasta la fecha, se valoró en su momento en 600 millones de euros, de los que más del 30% se hicieron cargo las compañías de seguro. Ese año el 90% de los contratos de reaseguro no proporcional se vieron afectados, absorbiendo el reaseguro gran parte de las pérdidas.

Otros ejemplos históricos de este tipo de siniestros y que han afectado de forma importante a las coberturas no proporcionales de cúmulos han sido las nevadas de Cataluña en 2010, las granizadas de Madrid de 2008 y 2014, y más recientemente las tormentas de diciembre 2016 y de enero y febrero de 2017.

La “dana de septiembre” de 2019 ha tenido graves consecuencias a nivel humano con 6 muertos y un desaparecido, y a nivel económico, con pérdidas económicas de varios miles de millones de euros. Se estima un impacto para el Consorcio de alrededor de 425 millones de euros y por encima de 100 millones de euros para las compañías aseguradoras. Gran parte de este importe, será soportado por el reaseguro a través de los contratos de protección a la retención de las aseguradoras.

Como vemos, de esta manera nuestro sistema formado por Consorcio, aseguradoras y reaseguradoras forma uno de los  sistemas en el mundo más eficiente, solidario y global de cobertura de siniestros de catástrofes.

Dentro de este marco, no solo debemos fijarnos en los riesgos y peligros y la forma de mitigarlos en nuestras entidades, también, este entorno nos da oportunidades para mejorar que debemos aprovechar y una serie de retos que tendremos que afrontar en los próximos años. Estas oportunidades y retos para el sector asegurador pasarían por:

• Seguir manteniendo la solvencia del sector absorbiendo el incremento en la ocurrencia de eventos climáticos extremos.
• Aumentar y fomentar la contratación de seguros para disminuir los daños económicos ocasionados por los eventos climáticos extremos en la población.
• Adaptación y mejora de la protección de actividades económicas afectadas directamente por el cambio climático, como: la agricultura, ganadería, transporte marítimo, etc.
• Mejorar la medición y calibración de los impactos de este tipo de eventos, y desarrollo de modelos predictivos.
• Adecuar las capacidades y las coberturas de reaseguro de las compañías aseguradoras a sus necesidades reales y establecer unos plenos de retención en línea con el nivel de solvencia de las mismas.
• Participar en la lucha contra el Cambio Climático asumiendo nuestra responsabilidad social corporativa como industria con:
  • Criterios responsables de suscripción, limitando y agravando a los riesgos más contaminantes y apoyando a riesgos y proyectos que reduzcan el riesgo.
  • Potenciar y desarrollar productos aseguradores que favorezcan a los riesgos medioambientalmente responsables, de protección específica ante ciertos eventos catastróficos, de acceso rápido a indemnizaciones, de uso de energías renovables….
  • Criterios responsables de inversión, es decir, criterios medioambientales, sociales y de gobernanza.
  • Reduciendo nuestro impacto medioambiental como empresas.
• Apoyo a la concienciación de la sociedad sobre este problema, mediante la divulgación de nuestro conocimiento y mensajes sobre el impacto que sobre nuestro sector tienen estos eventos.

Si conseguimos solventar estos retos, aprovechamos las oportunidades que vamos a tener y además ponemos nuestro granito de arena para la lucha contra el Cambio Climático nos encontraremos con un futuro mejor que el que en estos momentos se está proyectando siguiendo con la línea de inercia con la que hemos estado viviendo.

La sociedad y, por tanto, el mundo del seguro se ha enfrentado en el pasado a numerosos retos a los que ha ido dando respuesta, hoy en día, tenemos que enfrentarnos a otros nuevos. El envejecimiento es uno de ellos. ¿Cómo pueden las aseguradoras abordar la problemática planteada por el aumento de la esperanza de vida?

El envejecimiento de la población se está convirtiendo en una cuestión fundamental a nivel mundial

El mundo está envejeciendo. En 2018, por primera vez en la historia, el número de personas mayores de 65 años en el mundo superó al de niños menores de cinco años. Y se prevé que esta tendencia se mantenga. Se espera que la población mundial crezca en 2000 millones de personas de aquí a 2050, por lo que los mayores de 65 años representarían una de cada seis personas en el mundo (16%) –frente a una de cada once en 2019 (9%)–, e incluso una de cada cuatro en Europa y América del Norte. Dentro de este segmento, el número de los mayores de 80 años podría triplicarse. Los factores de esta tendencia mundial son el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de fertilidad y el incremento del número de países que experimentan una reducción de su población. Este cambio significativo de la estructura por edad está llevando a una posible crisis en los países en los que un creciente número de personas mayores depende de las pensiones como resultado de la transición demográfica. Por consiguiente, los ingresos de la población activa se están viendo sometidos a presiones más fuertes para mantener a la población jubilada cada vez más numerosa.

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos más importantes al que se enfrentan los países desarrollados desde la segunda mitad del siglo XX. España no es una excepción: con una esperanza de vida al nacimiento de 85,8 años para las mujeres y 80,43 para los hombres, los españoles son los que envejecen más rápido en Europa. Esta tendencia se debe a los siguientes factores:

• La mejora de los hábitos de vida, la promoción de la atención sanitaria y el desarrollo de las tecnologías médicas son las principales causas de la reducción de la mortalidad después de los 65 años, que explican por lo tanto el aumento de la esperanza de vida a lo largo del siglo. Otros factores específicos de España son la extensión de la Seguridad Social de las pensiones a toda la población y la universalización de la asistencia sanitaria, así como una dieta mediterránea saludable.
• La disminución del número de hijos por mujer en edad fértil, que pasó de 1,44 en 2008 a 1,26 en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), también tiene su importancia. Este descenso se puede correlacionar con la crisis económica, así como con la evolución del papel social de la mujer, el mejor acceso a la educación y la menor presencia de la religión en la sociedad española.
• En 2018, el aumento natural fue negativo, pero los flujos de inmigración podrían afectar a la demografía de forma ambigua. Un saldo migratorio positivo ayuda a compensar el cambio de la estructura por edad, pero hay que tener en cuenta que esta población inmigrante contribuirá al envejecimiento del país en el futuro.

Hoy en día, según el INE, las personas mayores representan el 19,2% de la población española.

En 2050, se prevé que este segmento represente el 30% de la población, convirtiendo a España en el quinto país más viejo del mundo, por detrás de Japón, Macao, Corea del Sur e Italia. Se espera que la esperanza de vida al nacimiento siga creciendo, alcanzando los 87,68 años para las mujeres y los 82,92 para los hombres en 2033. Los mayores de 65 años representarían entonces el 25,2% de la población española, con un incremento más importante en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña.

El aumento de la esperanza de vida plantea nuevos retos

El envejecimiento de la población mundial conlleva grandes desafíos para la estabilidad social y económica de los países. La determinación del número de defunciones y de las causas de muerte puede ayudar a evaluar la eficacia del sistema de salud de un país. En 2016, más de la mitad de las muertes en el mundo (54%) se debieron a diez causas. La cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular han sido las principales causas de muerte en el mundo durante los últimos quince años. Les siguen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón y la diabetes. Sin embargo, cabe señalar que la mortalidad por demencia se ha más que duplicado entre 2000 y 2016, pasando de la 14^a posición a la 5^a en 2016. En los países de altos ingresos, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias son incluso la tercera causa de muerte, por detrás de la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular.

Según un estudio publicado en el Lancet (octubre de 2018), aunque las tres principales causas de mortalidad se mantendrán sin cambios hasta 2040, el panorama cambiará drásticamente, con una tendencia mucho más fuerte hacia las enfermedades no transmisibles, es decir, relacionadas con la genética, el medio ambiente o los hábitos de vida. En particular, las enfermedades mentales (Alzheimer), la diabetes y la insuficiencia renal crónica aumentarán considerablemente. Por un lado, estos cambios están directamente relacionados con los progresos de la higiene y los avances médicos y sociales en el mundo, y por otro lado, con las consecuencias en el envejecimiento de las sociedades. La resistencia antimicrobiana o la crisis de los opiáceos en los países desarrollados son nuevos factores que deberán ser abordados.

En el caso de España, según el INE, en 2017, el 96,3% de las defunciones fueron por causas naturales, un 3,5% más que en 2016. Las tres principales causas de muerte (por grupos de enfermedades) fueron las siguientes:

• Enfermedades del sistema circulatorio (28,8%): primera causa de muerte en las mujeres, segunda en los hombres, registraron un aumento en ambos sexos respecto a 2016, del 2,8% en las mujeres y del 1,6% en los hombres. Afectaron principalmente a los grupos de edad de 40-79 años y más de 79 años.
• Tumores (26,7%): primera causa de muerte en los hombres, segunda en las mujeres, registraron un descenso en los hombres (-0,2%) y un aumento en las mujeres (+1%). El cáncer de bronquios y pulmón, y el cáncer de colon fueron los responsables de mayor mortalidad y los más frecuentes entre los hombres. Los cánceres con mayor mortalidad entre las mujeres fueron el de mama, y el de bronquios y pulmón. Afectaron principalmente al grupo de edad de 40-79 años.
• Enfermedades del sistema respiratorio (12,2%): registraron un aumento del 10,3% respecto a 2016.

Aunque los españoles pueden esperar vivir más tiempo, la esperanza de vida libre de discapacidad está disminuyendo, al igual que la diferencia entre sexos. A los 65 años, las mujeres pueden esperar vivir 12,4 años más sin discapacidad, y los hombres, 12,3 años. A pesar de su mayor esperanza de vida, las mujeres tienden a desarrollar una discapacidad más temprano en sus vidas. A los 80 años, aproximadamente un 50% de las personas declaran una discapacidad, y a los 90 años, esta cifra asciende al 75%. El principal problema de las personas mayores con discapacidad está relacionado con la movilidad y el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

El envejecimiento de la población genera nuevas necesidades para los mayores

A medida que la población envejezca y sea más dependiente, se producirán nuevas necesidades de asistencia sanitaria y cobertura en el futuro. Uno de los mayores retos para los gobiernos será responder a este aumento de la demanda, al tiempo que se reducirá la proporción de población activa.

En España, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) coordina una red de centros sanitarios públicos y privados. Fue creado en 2006 mediante la llamada Ley de dependencia con el objetivo de promover la autonomía personal, así como la atención y la protección a las personas en situación de dependencia a través de un conjunto de servicios y prestaciones económicas. El número de solicitudes de atención a la dependencia pasó de 1.594.692 en 2014 a 1.849.252 en 2019. De 2014 a 2019, el perfil del beneficiario se ha mantenido estable: en 2019, el 35% de los beneficiarios son hombres y el 65% son mujeres. Los mayores de 80 años constituyen la mayoría de los beneficiarios y han aumentado ligeramente hasta el 54,24% en 2019. El segundo grupo de edad es el de 65-79 años, que representa el 18,23% en 2019.

Se observa un cambio en el tipo de prestaciones ofrecidas: los servicios (incluyendo teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, atención residencial, prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal) son el principal tipo de prestaciones y pasan del 51,63% en 2014 al 58,24% en 2019. En segundo lugar, se encuentran las prestaciones económicas para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadoras/es no profesionales (30,46% en 2019), abonadas en determinadas condiciones a las personas en situación de dependencia atendidas por un familiar. En tercer lugar, se encuentran las prestaciones económicas vinculadas al servicio (10,74% en 2019) destinadas a las personas en situación de dependencia cuando no sea posible el acceso a servicios públicos o al servicio adecuado.

El sistema sociosanitario español no sólo se enfrenta a las necesidades de una población envejecida. También tiene que evolucionar al ritmo de los cambios de la sociedad y de los retos que conlleva. De hecho, en España, el modelo familiar tradicional está evolucionando: con tasas de divorcio más altas, son más las personas que viven solas; cada vez más familias y, en especial, las hijas, se alejan de su papel tradicional de cuidadoras informales, dejándolo en manos de los actores públicos y/o privados. Esta paradoja de tener una población en rápido proceso de envejecimiento y una estructura familiar cada vez menos protectora genera un reto enorme para los sistemas de protección públicos y privados. Sin embargo, en muchos casos, las personas mayores quieren seguir siendo autónomas durante más tiempo, viviendo en su domicilio. Por consiguiente, el grupo de las personas mayores se vuelve más exigente en cuanto a sus necesidades específicas de servicios, al requerir una asistencia a medida, cuidados a domicilio y una vivienda más adaptada. El sector de seguros de vida puede aportar las soluciones adecuadas gracias a su capacidad de entender a los mayores, pero también de abordar las necesidades de las diferentes generaciones.

En los últimos años y, especialmente en los últimos tiempos, hemos tenido la oportunidad de comprobar como muchas aseguradoras están realizando una apuesta clara por el desarrollo de una oferta adaptada a esta parte de la población. Inicialmente, de una forma tímida, extendiendo los límites de los seguros mediante la ampliación de las edades máximas de contratación y, recientemente, de forma mucho más contundente, diseñando productos ad hoc para las personas mayores, complementados con servicios específicos. Asimismo, los bancos, al igual que han incluido entre sus clientes objetivo a los jóvenes, las mujeres y los residentes extranjeros en España, han incorporado recientemente al segmento senior como pilar clave de su estrategia de desarrollo para los próximos años. De esta manera, se ha enriquecido la oferta con propuestas realmente atractivas en seguros de salud, accidentes y dependencia, por parte tanto de las compañías bancaseguradoras como de las tradicionales.

En los últimos años, el seguro de dependencia ha seguido una trayectoria discreta, pero en constante aumento. En los últimos cinco años, el número de asegurados ha crecido en promedio un 4%. Estamos convencidos de que en los próximos años aumentará esta tendencia de crecimiento, así como los servicios añadidos a estos seguros. La cobertura de las necesidades del segmento senior abre sin duda un campo de oportunidades interesantes para el sector de seguros y reaseguros. Un sector que se adapta constantemente a los riesgos que surgen, con dinamismo e innovación, proporcionando a la sociedad la seguridad y la tranquilidad que necesita para su progreso.

En resumen, el sector de seguros se enfrenta al reto de adaptarse a la evolución de las necesidades de sus asegurados, que buscan una continuidad cuando llegan a la edad máxima de sus productos de seguro de vida. Las aseguradoras pueden diseñar soluciones innovadoras para llenar el vacío creado por la reducción de la población activa y el aumento de la población jubilada, que completarán la ayuda informal prestada por los familiares, actualmente en descenso. Además, garantizar la seguridad económica a las personas mayores permite proporcionar tranquilidad a un creciente segmento de consumidores y, de esta forma, contribuir a la expansión de la economía.

Como reaseguradora, SCOR tiene el conocimiento y la capacidad para ofrecer a sus clientes productos adaptados a la edad de los asegurados, mejorando la atención a la población envejecida y ayudando a las personas mayores a mantener su autonomía y movilidad. Como tal, procuramos ayudar a las personas a vivir más tiempo, y sobre todo, con más salud.